Tranquilos, los centros de educación especial no están en peligro

Hace unos años visité por trabajo un centro de educación especial, lo que me permitió aproximarme a una realidad que no suele mostrarse con frecuencia. Las veces que estuve en este colegio vi niños con parálisis cerebral, inmóviles en sus sillas de ruedas, que necesitan que les den de comer y les cambien el pañal. Otros sufren enfermedades degenerativas que les van inhabilitando en el aspecto motriz, pero mantienen intacta su capacidad intelectual, lo que les tiene frustrados y muy enfadados con el mundo. Los hay que presentan menor dependencia, pero difícil grado de integración. Encuentras chavales con diversos trastornos del espectro autista, que a simple vista podrían pasar por alumnos de cualquier escuela pública, hasta que intentas entablar una conversación con ellos y detectas que no razonan o actúan como lo harían aquellos. También hay adolescentes con síndrome de Down y algunos otros que, por sufrimiento fetal en un parto complicado, tardan más que el resto en asimilar conceptos. La mayoría son personas desinhibidas que no se rigen por los patrones sociales que nos coartan la libertad al resto. 

Resulta impresionante ver cómo interactúan con ellos los especialistas y monitores del centro y cómo las terapias de estimulación a las que les someten consiguen resultados que para el común de los mortales podrían parecer discretos, pero que para los expertos en la materia representan verdaderos triunfos.

El centro contaba con abundantes medios y personal para tratar cada una de las patologías de la manera más adecuada. Recuerdo ver sonreír sobre un caballo en una sesión de equinoterapia a una alumna que hasta entonces habían permanecido en un rincón ajena a la llegada de aquellos extraños que invadimos su espacio disturbando su rutina cotidiana. No se me olvidan tampoco las carcajadas silenciosas de un chaval, reclinado en su silla adaptada, cuando le salpicaron los compañeros que chapoteaban en una pequeña piscina hinchable instalada en el patio del colegio cuando el calor de junio invitaba a refrescarse con juegos de agua.

Durante esas visitas entendí que lo más valioso que aprendían todas estas personas era a reconocerse, aceptarse y valerse por sí mismos en la medida de lo posible. Escribir, leer y contar eran también objetivos de aprendizaje, pero no la prioridad. Los éxitos de cada día tenían más que ver con pequeños logros afectivos, como un abrazo, una palabra, un botón que entrara en el ojal o un gesto que confirmara que se sentían queridos y valorados.

Imagen de falco en Pixabay

Un recurso muy valioso

La importancia de estos centros de educación especial es tan grande que nadie en su sano juicio maquinaría para cerrarlos. ¿Quién querría suprimir un recurso tan valioso? Por eso me extraña que esté circulando como cierta la creencia de que la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), aprobada recientemente en el Congreso y conocida como ‘Ley Celaá’ por la ministra, pretenda cerrar los centros de educación especial y eliminar este tipo de enseñanza. El texto de la ley no dice absolutamente nada de eso. Si no me creéis, aquí tenéis el párrafo en cuestión para que lo comprobéis vosotros mismos.

Disposición adicional cuarta. Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.

Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Resumiendo: lo único que establece es que en diez años los centros educativos públicos deberán tener los recursos necesarios para atender a los alumnos con discapacidad, en un intento por favorecer la inclusión total de estos niños y que no se sientan apartados de los llamados “normales”. Eso es lo que lleva reclamando mucho tiempo el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Y, además, subraya que los centros de educación especial seguirán acogiendo a quienes necesiten atención más especializada.

Sobre quién y cómo decidirá el destino escolar de estos niños, la nueva ley apenas modifica la anterior, salvo para introducir un detalle que me extraña que no existiera en la anterior: la opinión de los padres, a los que a partir de ahora se les va a escuchar e informar. Aquí reproduzco exactamente lo que dice la reforma sobre el procedimiento que recoge el artículo 74 que se cita en el texto anterior:

Cincuenta. Se modifican los apartados 2, 3 y 5 del artículo 74 quedando redactados en los siguientes términos:

“2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor.”

“3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos y alumnas en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar el plan de actuación, así como la modalidad de escolarización, que tenderá a lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo.”

“5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias; adaptar las condiciones de realización de las pruebas establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran; facilitar la disponibilidad de los recursos y apoyos complementarios necesarios y proporcionar las atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos de algún tipo durante el curso escolar.”

Así que, a quienes decís que en el fondo todo responde a una maniobra maquiavélica de este Gobierno para ir vaciando estos centros poco a poco hasta hacer que cierren por falta de alumnos, siento deciros que, a la educación especial, lamentablemente, nunca le van a faltar alumnos.

Mucho tendría que cambiar la escuela pública

Me confieso defensora de la educación pública, de que todos tengamos las mismas oportunidades, de la integración y la inclusión. Mi hija ha coincidido en la escuela y el instituto con un niño con discapacidad sensorial, otro con síndrome de Down y varios compañeros con dificultades de aprendizaje a los que las maestras especialistas en PT (pedagogía terapéutica) realizaban adaptación curricular. Creo que enriquece a los niños comprobar que existen otros niños diferentes y socializar con ellos. Pero seamos realistas; esta valiosa experiencia solo es posible en casos leves. Hay muchos otros casos en los que el grado de discapacidad convierte en sencillamente inviable esta opción, por no hablar de que sería, además, perjudicial para el propio menor.

En una escuela pública en la que escasean los recursos me extraña que en diez años vayan a cambiar tanto las cosas como para reforzar el personal, contratar profesores de apoyo especializados, formar a los docentes en diversidad, acometer obras integrales para adaptar los centros o reducir las ratios en las aulas, algo que hasta ahora solo ha conseguido la pandemia. Para todo eso hacen falta medios y me temo que los que manejan las cuentas siempre encontrarán otras prioridades. A las pruebas me remito. Madrid contrató profesores de refuerzo este curso para ayudar a los niños que arrastraban carencias por ese último trimestre de clases que pasamos confinados y no piensa renovarles una vez que acaben estos tres meses de contrato porque económicamente no podrían afrontarlo.

Por no mencionar otra triste realidad. Admitámoslo, tenemos un sistema educativo en el que el alumno que requiere más atención o va más lento resulta un estorbo, porque retrasa a la clase y da más trabajo al profesor. Y se trata de niños sin discapacidad. Me pregunto cómo afectaría a estos 'ritmos' una política educativa realmente inclusiva. 

Si nada de lo que acabáis de leer os ha hecho cambiar de opinión o, al menos, tranquilizaros, siempre os queda la esperanza de que antes de diez años cambie el signo político del Gobierno y el que venga derogue por enésima vez la Ley de Educación vigente.