Dimisiones preventivas

Finalmente el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se ha visto forzado a dimitir para evitar que su partido corriera el riesgo de perder uno de los bastiones populares. Se resistía no solo él, sino todo el aparato de Génova, convencido de su inocencia y de la injusticia de una media tan arbitraria. Como ya sabe todo el mundo, han sido sus variadas imputaciones las que le han forzado a abandonar el cargo. Aún no hay pronunciamiento de ningún juez sobre su inocencia o culpabilidad, pero es cierto que el propio ya ex presidente manifestó en su día su disposición a dejar el sillón si era investigado en un proceso judicial y, aunque le ha costado, ha cumplido. Renuncia como presidente de la región de Murcia pero se mantiene como diputado, un salvoconducto que le permitirá seguir aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y, en caso de salir airoso de sus imputaciones, regresar algún día al punto donde lo dejó.

Es más de lo que pueden decir otros. Yo viví de cerca un caso similar, aunque sin posibilidad de rebobinado. Las Rozas, 2015. Elecciones municipales. El candidato del Partido Popular a la alcaldía, José Ignacio Fernández Rubio, tenía tres procesos judiciales abiertos, todos de una etapa anterior como alcalde en otro municipio (Guadarrama) y todos -como insistía él mismo- consecuencia de decisiones de tipo administrativo tomadas en el ejercicio de su cargo y sin prueba alguna de enriquecimiento personal.

Hasta el día en que había que proclamar candidatos estuvo a expensas de lo que decidiera el partido. No quería perjudicar a la formación y sabía que su historial era munición para la oposición, en particular para la nueva y pujante formación de Ciudadanos, que iba ganado adeptos en el caladero de votantes descontentos del PP con su promesa de limpiar los consistorios de corrupción. A pesar de todo, en el PP regional se apostó por él y ganó las elecciones, aunque no por mayoría absoluta como históricamente había sucedido en este municipio del noroeste madrileño. Los Populares consiguieron 11 concejales, frente a los 6 de Ciudadanos. Los 3 concejales de Contigo por Las Rozas, otros 3 de PSOE y 2 de UPyD completaban la alineación. Los números no salían. Si todos los partidos de la oposición se aliaban, podían impedir al PP hacerse con la alcaldía. Así que, ante la presión de la formación naranja, que puso como condición la salida del alcalde en funciones para apoyar un pacto de investidura con el partido más votado, Fernández Rubio dimitió y pasó el testigo al número 2 de la lista. 

En junio hará dos años de aquel hecho y en este tiempo, el alcalde ‘ofrecido en sacrificio’ va viendo por fin, tras más de una década de dilatada espera, que la justicia le da la razón: ha salido absuelto en uno de los tres procesos, mientras que otra de las causas que tenía abiertas ha sido archivada. Si no me equivoco, ya solo está pendiente de resolución por parte de otro juzgado una denuncia de un particular relacionada con el mismo caso al que se le ha dado carpetazo. Resumiendo: le obligaron a abandonar preventivamente y, cuando se va demostrando su inocencia, su tren de la política ya ha pasado. 

Mientras, del otro lado, Ciudadanos, el partido que le forzó a dimitir para alcanzar un pacto de investidura con el PP, experimenta un asombroso proceso de resquebrajamiento en Las Rozas. Las luchas internas han ido provocando un éxodo de concejales nunca visto. A día de hoy, han perdido tres de sus seis ediles que, no dispuestos a desprenderse de su acta, han pasado a convertirse en no adscritos para -dicen- cumplir con el mandato de las urnas y, ya de paso, seguir cobrando. Qué ironía. Las urnas fueron también las que dieron la victoria a un partido con un cabeza de lista imputado al que ellos obligaron -en ese caso sí- a renunciar a su acta. 

De modo que, por más que trato de analizarlo, despojada de colores y siglas políticas –creedme-, no termino de saber qué es lo más justo. Si defender por encima de todo la presunción de inocencia y mantener en su cargo a un servidor público imputado por lo que sea hasta que un juez dicte sentencia o pasarnos el sagrado principio por el forro y sacrificar la carrera de todo aquel político que sea investigado por un juez.

Hay una posibilidad alternativa, muy de ciencia-ficción: acelerar la instrucción de este tipo de procesos para resolver cuanto antes la condición del implicado y que, durante ese breve espacio de tiempo, el afectado pueda causar baja temporal de su cargo hasta que el juez dicte sentencia que, de ser positiva, le permitiría regresar al puesto que ocupaba, limpio de polvo y paja. 

Pero seguro que esto no le convence a nadie. Más vale prevenir que curar, ¿no? Todo sea por restablecer la buena imagen de la política española... y, ya de paso, pescar en río revuelto.

Aprendiendo a conjugar el verbo dimitir

No es lo mismo que Rosa Valdeón, ex vicepresidenta del Gobierno de Castilla y León, coja el coche después de tomarse dos cañas o que lo hagas tú que estás leyendo estas líneas ahora mismo. Ambos corréis el mismo riesgo, ponéis en peligro no solo vuestra seguridad, sino también la del resto de conductores con los que os cruzáis. Puede que no os pase nada y entonces interioricéis que sois capaces de controlar esa situación. O puede que sufráis un percance y no seáis conscientes de la gravedad del mismo. Puede que os pille la Guardia Civil y os haga soplar, y puede que superéis la tasa de alcohol en sangre permitida. Puede que os calcen una multa, perdáis puntos del carnet y os retiren el permiso de conducir durante unos meses. Todo esto le puede pasar a cualquiera que juegue con ese fuego. La diferencia es que al ciudadano anónimo que le ocurre no le obligan a pedir perdón públicamente, ni a dimitir de su puesto de trabajo, ni a decir adiós a una brillante carrera profesional por esa torpeza. A una persona dedicada al servicio público a través de la política, sí. Sobre todo si es una persona de cierto renombre que ha venido desmarcándose de las decisiones de su partido, abiertamente crítica con lo que considera que no es honesto y que hace nada exigía ejemplaridad a sus compañeros. Algunos -seguro- se habrán frotado las manos con la noticia. Y ella se estará tirando de los pelos al pensar que si se hubiera ‘percatado’ del ‘roce’ con el camión y se hubiera detenido, la cosa podría haber acabado ahí, en un simple intercambio de teléfonos para que el seguro de la política zamorana se hiciera cargo de los desperfectos del otro vehículo. De esta manera puede que la cosa no hubiera terminado con la Benemérita y el alcoholímetro por medio. Pero eso nunca lo sabremos. Lo que es seguro es que si hubiera tomado un refresco en vez de cerveza, máxime cuando ella misma, por su condición de médico, conoce los efectos secundarios de mezclar alcohol y cierta medicación, hoy no estaríamos hablando del caso.

Rosa Valdeón no es la primera –ni lamentablemente será la última- profesional de la política que comete una imprudencia de este tipo y que, por coherencia, se retira de la primera línea. Otros pasaron por lo mismo y no todos dimitieron; los hubo que recurrieron al escaqueo con el argumento de que ese ‘incidente puntual de su vida personal’ no tenía que ver ni afectaba al ejercicio profesional de su actividad. Y no pasó nada. De hecho al final todos estos pequeños escándalos terminan olvidándose, los que pasaron factura y los que no. Así que puede que dentro de un tiempo, cuando ya solo la hemeroteca recuerde su 0,77, Valdeón tenga una nueva oportunidad de hacerse un sitio en la política española habiendo aprendido la lección. Porque, vale, sí, todos somos humanos, pero yo prefiero que quienes nos gobiernan tengan al menos el suficiente autocontrol, madurez y responsabilidad como para no poner en riesgo su carrera y, por extensión, privarnos a los ciudadanos de los políticos que nos merecemos. Y si tropiezan, que al menos sepan conjugar el verbo dimitir, esa palabra que algunos siguen confundiendo con un nombre ruso. Afortunadamente, cada vez menos.