No conozco
a Noelia
Posse, pero entiendo a la todavía a estas horas alcaldesa de Móstoles. Cuando se trata de confianza, yo también recurro a mis más próximos.
De hecho, estoy segura de que cualquiera en su posición hubiera pensado en
familiares y amigos para cubrir cargos importantes dentro de su equipo de
Gobierno.
Lo
que no termino de entender es el escándalo que han generado sus nombramientos. Esta
práctica se viene realizando desde tiempos inmemoriales, entre otras cosas porque es legal,
por muy obscena, poco estética o falta de ética que le parezca a alguno. El Estatuto
Básico del Empleado Público recoge la figura del trabajador eventual como aquel empleado que realiza, como señala el artículo 12, funciones de confianza y
asesoramiento especial, sin interferir ni sustituir la labor propia de los
empleados municipales. La propia expresión ya lo deja claro: personal de libre
designación. El que manda elige libremente a quién coloca. En absolutamente
todas las administraciones públicas, estén gobernadas por el partido que sea,
ese tipo de puestos políticos los ocupan familiares, amigos o conocidos, aunque
hayan llegado ahí de manera más disimulada. La estrategia suele ser camuflar a los
peones lejos del foco de atracción, precisamente para evitar estos conflictos. Noelia
Posse ha pagado la novatada. Se habría ahorrado ese mal trago si hubiera
maniobrado para colocar a su hermana y a su amiga en otro ayuntamiento
socialista distinto, no en el de Móstoles, así el caso habría pasado más
desapercibido.
Y esto
no se circunscribe solo a unas siglas o un color. Si alguien tiene ganas,
interés y sobre todo valor para analizar uno por uno todos los cargos de
confianza de las administraciones públicas, que se prepare para tejer un
verdadero árbol genealógico con lazos de sangre, amor y amistad. Es el
networking de la política.
Se
habla de Posse como si hubiera sido la inventora del nepotismo, el dedazo, el amiguismo,
el enchufismo o la política como agencia de colocación. Pero es injusto que
se le atribuya tal mérito y que, a pesar de haber revertido cada una de las
cuestionadas decisiones, se le exija pagar con su puesto de alcaldesa
por algo que está permitido y suele salir gratis. A las pruebas de hemeroteca
me remito:
Creo
que con diez ejemplos es suficiente.
Yo
misma he sido personal eventual. Aunque no me unían lazos de sangre ni amistad con el
alcalde que firmó el decreto de mi nombramiento, llegué al puesto recomendada.
Un conocido propuso mi candidatura y mi superior se fió de su consejo después, eso sí, de mantener conmigo una breve conversación. Fue una decisión totalmente
discrecional y arbitraria que respondía al único criterio del responsable del
departamento. No pasé ninguna prueba, no hubo cónclave en las altas esferas, no
se estudió mi currículum con lupa… Simplemente se necesitaba una persona de
confianza para ese puesto y la persona que lo dejaba vacante, amigo y
excompañero, respondió por mí. Esa fue mi mejor referencia para obtener el
puesto.
El
resto de personal de confianza al servicio de esa administración pública
también llegó a dedo, igual que yo. En unos casos pesó la militancia, en otros
los vínculos familiares, en algunos también el pago de favores y no faltaba el
paracaidista aterrizado desde otro territorio por orden suprema. Y todos
asumimos que habíamos sido designados para ejercer con responsabilidad, fidelidad
y discreción una serie de funciones especiales, de carácter a menudo delicado, para
las que se nos exigía amplia disponibilidad a cambio de una incierta estabilidad
laboral, dado que en cualquier momento un decreto de cese nos podía mandar al
paro. A ver qué empleado público firmaría unas condiciones similares.
Es
como la pescadilla que se muerde la cola. Mientras exista contemplada
legalmente la figura del empleado eventual, seguirá existiendo la arbitrariedad
en los nombramientos y, por extensión, las sospechas. Pero si se elimina de la
legislación al personal de confianza, habría que ver cómo se las apañarían los
partidos en las administraciones.
En
definitiva, todos los españoles somos iguales ante la ley, menos los familiares
y amigos de los políticos, que están condenados ya no solo a que les salpiquen
las miserias del cargo, sino además a no ser contratados como personal eventual,
aún reuniendo los requisitos. Supongo que también deberán renunciar a aspirar a
ser funcionarios aprobando un examen y demostrando méritos. Porque, claro,
siempre serán sospechosos de haber llegado allí por ser primo, amigo, hermano o
hijo del que manda. Es decir, por un dedazo.
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