Una comida de aniversario en Sagasti Las Rozas para no olvidar

Llevaba mucho tiempo sin alimentar este blog y por fin he encontrado la excusa perfecta para reaparecer por aquí. Resulta que acabo de cumplir 24 años casada con la misma persona, un logro que tiene mucho mérito hoy en día y más tratándose de una familia poco modélica y un matrimonio un tanto turbulento. El caso es que nos merecíamos una comida en un buen restaurante para celebrarlo. Así que elegimos Sagasti, un vasco en el centro de ocio Heron City de Las Rozas.

Nada más sentarnos y abrir la carta, nos encontramos con un asterisco a pie de página que advertía de que se servía por defecto un aperitivo y pan por un importe de 2,50 euros por persona, un servicio al que debíamos renunciar si no lo deseábamos avisando antes de comenzar la experiencia culinaria. Como el aperitivo eran chistorras aceitosas, que me sientan fatal, y el pan ni a mí me interesa ni mi acompañante puede tomarlo por su intolerancia al gluten, avisamos al camarero de que no queríamos que nos lo sirvieran.

Todo parecía ir bien hasta que otro empleado nos trajo a la mesa una cesta con pan y un plato con chistorras, a pesar de nuestra advertencia. Pensamos que quizá este otro camarero desconocía nuestros deseos así que le explicamos que ya habíamos avisado a su compañero de que no estábamos interesados en ese servicio y que se lo llevara. Pero el tipo en cuestión nos replicó que, aunque no lo quisiéramos, igualmente nos cobrarían 2,50 euros por cabeza por el mantel. Sí, el mantel, habéis leído bien.

A mí la contestación me pareció tan surrealista que traté de razonar con él haciéndole ver que, primero, habíamos seguido las instrucciones de la carta avisando con antelación. Segundo, no me podía cobrar por algo que no había pedido porque, además, no podía consumir. Y tercero, que a un negocio como un restaurante, lo mínimo que se le exigía de serie era un mantel, cubertería, vajilla y cristalería. Pero el caballero en cuestión me dio a entender que estaba discutiendo con el otro comensal, que casualmente era un hombre, y que parecía ser un interlocutor más válido que yo, así que podía abstenerme de intervenir. Ha sido la primera vez en mi vida que me he sentido ninguneada por ser mujer. Inmediatamente le indiqué que quería hablar con el responsable del restaurante, a lo que él contestó muy ufano que era él. Resultó que era el jefe de sala.

Sospechamos que los camareros deben estar entrenados para que, cuando llegan parejas como la nuestra, que hace peligrar esos cinco miserables euros, se le avise para que entre en acción y presione hasta minar la moral de los clientes. A saber cuánta gente no interesada en ese servicio desiste de pelear para que no se lo cobren cuando en el establecimiento son tan insistentes.

Pronto descubrí que, en todo caso, mi estrategia, la de razonar con el jefe de sala, era totalmente inútil frente a la de mi compañero de mesa, que había optado por aludir a la legislación para tachar esa práctica de ilegal y se había tirado un órdago invitándole a llamar a la Policía para aclarar la situación. Finalmente, nuestro camarero se llevó el aperitivo y el pan de la discordia y el jefe de sala machirulo le aseguró a mi acompañante -no a mí, para él yo no existía- que le haría el favor de no cobrarle el servicio.

He estado revisando la normativa de consumo al respecto y, efectivamente, cobrar por el pan en restaurantes y bares de nuestro país es legal siempre que se informe claramente sobre su coste en la carta o el menú. En caso de que el cliente no lo quiera, tiene derecho a rechazarlo y no se le debe cobrar, que es justo lo que nosotros argumentábamos.

Sagasti no es el primer y único restaurante que pretende cobrar por poner mantel en la mesa. Facua-Consumidores en Acción ha detectado este cobro disparatado y abusivo en concepto de “servicio de lavandería” en algunos bares y restaurantes, según han denunciado clientes. “Se trata de una práctica tan ilegal y absurda como que cobraran un extra por limpiar la mesa, por que los vasos no estuviesen sucios o por el afilado de los cuchillos”, advertía en su momento el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez. “Lamentablemente, en el sector de la hostelería hay establecimientos que cometen una larga lista de abusos ante los que los usuarios deben estar en guardia, denunciar y, por supuesto, negarse a abonar conceptos que supongan una vulneración de la legislación”, aconsejaba.

También desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) remarcan que el cobro por el servicio de mesa o el cubierto es ilegal, ya que se considera implícito dentro del servicio de hostelería ofrecido por el establecimiento, cobrarlo por separado no se ajustaría a las normativas de consumo.

Recuerdo otra vez que nos la intentaron meter doblada y en aquella ocasión lo consiguieron. Era un bar-marisquería en el Soho de Las Rozas y argumentaron que el extra era en concepto de cubiertos. Cuando salí de allí me prometí que la próxima vez llevaría mi propio tenedor para ver qué se inventaban para cobrarme como extra. No he podido averiguarlo porque no he vuelto. En aquella ocasión, los platos y raciones no eran excesivamente caros, más bien estaban a precio de mercado. En esta experiencia inolvidable, lo más sangrante es que en el precio de los platos ya puede ir incluido ese sobreprecio. O si no, que alguien me explique si este plato de pulpo a la brasa, con nueve trozos de cefalópodo y cuatro rodajas de patata, puede valer 24,50 euros.

Un aparcamiento no es la solución

El Ayuntamiento de Las Rozas ha iniciado los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en el bulevar de la calle Camilo José Cela, la arteria principal del Parque Empresarial del municipio. Se trata de un proyecto que figuraba en el programa electoral del partido que gobierna, el PP, como medida destinada a dar servicio a los numerosos trabajadores de las oficinas de esta zona, mejorar la movilidad y favorecer el uso del comercio local de proximidad.

Algunos vecinos del barrio, entre los que me incluyo, no vemos la necesidad de acometer esta obra. Quien no conozca el lugar no entenderá nuestro rechazo si lo que busca esta infraestructura es incrementar considerablemente las plazas de aparcamiento en el área. Por eso voy a tratar de explicar el trasfondo de la polémica haciendo un esfuerzo por no resultar muy pesada.

La zona de Las Rozas conocida como Parque Empresarial formaba parte en sus inicios, a finales de los años 80 del siglo pasado, de un desarrollo urbanístico con el que el Ayuntamiento planeaba atraer sedes de grandes multinacionales a su término municipal. Ubicándolas en esa zona, además, conseguía unir sus dos núcleos principales de población, entonces dispersos: el casco antiguo de Las Rozas y el barrio de Las Matas. Una década después, con el ánimo de ampliar el número de habitantes y viendo que los terrenos para oficinas no se vendían tanto como se esperaba, se recalificó el suelo para levantar viviendas.

Durante años ha existido una convivencia más que pacífica entre trabajadores y residentes. De hecho, los pequeños negocios de proximidad del bulevar central -bares, establecimientos de estética, tiendas de alimentación, bancos, librerías, clínicas dentales, farmacias, etc- tienen mucho que agradecer a los empleados que se desplazan desde Madrid o cualquier otro punto de la región de lunes a viernes. Pasan en Las Rozas casi todo el día, así que allí se alimentan, se depilan, se ponen un empaste, hacen compras de última hora e incluso se toman algo de afterwork.

Su presencia entre semana también se nota en las plazas de aparcamiento de las calles más próximas a las empresas y el eje comercial. A partir de las 7:30 de la mañana empiezan a ocuparse y a las 10 ya resulta complicado encontrar un hueco donde dejar el coche si uno decide visitar alguna de las tiendas de la zona. Eso provoca una constante doble fila, no solo generada por los vecinos de otros barrios que se desplazan en horario comercial a hacer sus recados, sino también por los propios propietarios de esos pequeños negocios que cuando van a abrir no encuentran un lugar donde dejar su vehículo y lo estacionan mal provisionalmente, a la espera de que alguien se vaya. Por no hablar de sus proveedores, que se las ven y se las desean para descargar la mercancía. Pero todo este caos desaparece cuando llega el fin de semana, momento en que el barrio recupera la tranquilidad y las bolsas de aparcamiento se quedan prácticamente vacías.

Por este motivo los críticos con el proyecto cuestionamos la conveniencia de gastar casi 12 millones de euros de dinero municipal –de todos- en una infraestructura que consideramos innecesaria y que, todo hace suponer, estará sin uso sábado y domingo, dado que esos días hay sitio de sobra para aparcar en superficie y gratis. Además, albergamos serias dudas de que los trabajadores de la zona vayan a utilizarlo masivamente entre semana, puesto que la mayoría parece aspirar a ocupar con su coche un hueco lo más cerca posible de su oficina sin que le cueste un céntimo. De hecho, a medida que uno se aleja del radio de acción de las distintas empresas, aumenta considerablemente el número de plazas libres para aparcar. Incluso a menos de un kilómetro de allí se encuentra el parking abierto, vacío y gratuito de un centro de ocio y un poco más allá está el recinto ferial con numeroso espacio para dejar el vehículo. Pero a nadie le apetece darse ese paseo ni antes ni después de trabajar.

Para ser justos, hay que decir también que a muchos empleados no les duelen prendas en pagar 40 euros al mes con tal de tener cerca una plaza de garaje donde dejar el coche mientras trabajan. La prueba está en que hay lista de espera para adquirir abonos mensuales en otro aparcamiento público ya existente en la zona, bajo la biblioteca Leon Tolstoi. Un parking, por cierto, que tiene una de sus dos plantas alquilada casi al completo por una de las empresas próximas.

Es probable que os estéis preguntando si los edificios de estas compañías no tienen su propio estacionamiento. Puede que incluso penséis que no debería darse una licencia de obra a proyectos que no contemplen la inclusión de garajes con plazas suficientes para cubrir las necesidades de sus futuras plantillas. Quizá no se fue demasiado estricto con ese asunto en su momento. El caso es que como he percibido en redes sociales cierta confusión al respecto, me he tomado la molestia de contactar con algunas de las más destacadas multinacionales radicadas en el Parque Empresarial para sondear si disponen o no de aparcamiento en sus instalaciones, si es gratuito o de pago, y si cubre la demanda de sus empleados. No todas han tenido la deferencia de atender mi petición, así que también me he visto obligada a recurrir a conocidos que forman parte de sus plantillas. Gracias a su testimonio ya podemos hacernos una idea más o menos general de los usos y costumbres de movilidad de sus trabajadores.

De momento, para empezar, no he encontrado ninguna empresa en la que cobren a sus empleados por dejar el coche. En cuanto a sus instalaciones, solo tres de las contactadas ofrecen plazas de garaje gratuitas a todos sus empleados. El resto tiene parking pero destinado a sus altos cargos y directivos con responsabilidades. Eso sí, la mayoría dispone de un servicio de autobuses lanzadera que unen la estación de Cercanías con sus sedes para facilitar el acceso a quienes optan por desplazarse en tren. No he podido contrastar con datos si son más los trabajadores que eligen el transporte público o los que optan por el vehículo privado, aunque yo díría que ganan los primeros por cómo llegan a primera hora de la mañana no solo los trenes, sino también las varias líneas de autobús que conectan Madrid con este punto del municipio en una media hora, si el tráfico lo permite.

Por cierto que no solo los trabajadores de la zona se pelean por los espacios para aparcar. También hay un instituto de reciente creación algunos de cuyos alumnos mayores de 16 años, con permiso para conducir coches sin carnet contribuyen con sus pequeños vehículos a sobrecargar la zona entre 8:30 y 14:30. Ellos también quieren aparcar a la puerta del instituto, claro. Imagino que si por ellos fuera, lo harían en el parking del centro, pero es solo para sus profesores. Hablando del instituto, el aparcamiento de la polémica se excavaría al lado mismo de este centro educativo, casi concluido tras una latosa construcción por fases de más de seis años. Es decir, después de haber soportado interminables obras habría que aguantar una más en una calle donde el trasiego de chavales es constante.

En definitiva, construir un aparcamiento subterráneo no es la solución. Creo que antes de afrontar una obra de esta envergadura y con tan alto coste, podrían estudiarse muchas otras medidas encaminadas a mejorar la movilidad. Por ejemplo:

-No sería descabellado recuperar y hacer efectiva la idea del Estacionamiento regulado solo en el bulevar central, en la zona del comercio de proximidad, para que haya mayor rotación en esas plazas y ‘animar’ a quienes las ocupan durante toda la jornada a que aparquen unos metros más lejos, donde no haya parquímetro pero sí sitios.

-Modificar la distribución de los espacios en las bolsas de aparcamiento para optimizar su uso y, por ejemplo, convertir en plazas de estacionamiento en batería lo que ahora son en línea, lo que permitiría ampliar el espacio.

-Existen dos centros comerciales en este radio de acción con amplios parkings ya construidos y gratuitos que podrían dar el mismo servicio que el que planea edificar el Ayuntamiento.

-Dado que muchos vecinos hacen el viaje al contrario, es decir, salen con su coche de su garaje particular a primera hora de la mañana para ir a trabajar a Madrid, quizá podrían estar interesados en contribuir a crear una bolsa de plazas en alquiler durante esas horas para quienes vienen a trabajar a Las Rozas.

-Fomentar una cultura del transporte público resulta primordial, siempre que previamente se mejore el transporte público, claro. Se podría empezar por crear una red interna de autobuses no contaminantes para que resulte más dinámico ir de un punto a otro del municipio y esto invite a los vecinos a dejar el coche en casa.

-Lo de poner multas tiene muy mala prensa, pero en ocasiones es lo único que funciona con determinados individuos. Así que animaría a los agentes municipales a multar sin miedo ni recato a quienes dejan el coche o la moto tirados donde quieren y como quieren con tal de no tener que andar. ¡Ojo! A cualquiera, sea residente o visitante.

-No es cuestión de espantar a las empresas que generan riqueza en el municipio, es cuestión de dialogar con ellas para que procuren la máxima ocupación de sus aparcamientos, fomenten el vehículo compartido y también se busquen conjuntamente fórmulas para premiar con incentivos a los empleados que contaminan menos. ¿Qué tal si se gratifica a quien elige el transporte público con, por ejemplo, un día libre extra mensual, la invitación a un menú semanal, un descuento en su abono transporte o un par de entradas para un espectáculo de la programación cultural del municipio? Sí, aunque suene a locura.

Ojalá el Ayuntamiento recapacite sobre el proyecto. Ahora que nos encaminamos inexorablemente a una crisis, desaceleración, recesión o como quieran llamarlo, más que nunca convendría que las administraciones públicas repensaran en qué invierten el dinero de todos.

Dimisiones preventivas

Finalmente el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se ha visto forzado a dimitir para evitar que su partido corriera el riesgo de perder uno de los bastiones populares. Se resistía no solo él, sino todo el aparato de Génova, convencido de su inocencia y de la injusticia de una media tan arbitraria. Como ya sabe todo el mundo, han sido sus variadas imputaciones las que le han forzado a abandonar el cargo. Aún no hay pronunciamiento de ningún juez sobre su inocencia o culpabilidad, pero es cierto que el propio ya ex presidente manifestó en su día su disposición a dejar el sillón si era investigado en un proceso judicial y, aunque le ha costado, ha cumplido. Renuncia como presidente de la región de Murcia pero se mantiene como diputado, un salvoconducto que le permitirá seguir aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y, en caso de salir airoso de sus imputaciones, regresar algún día al punto donde lo dejó.

Es más de lo que pueden decir otros. Yo viví de cerca un caso similar, aunque sin posibilidad de rebobinado. Las Rozas, 2015. Elecciones municipales. El candidato del Partido Popular a la alcaldía, José Ignacio Fernández Rubio, tenía tres procesos judiciales abiertos, todos de una etapa anterior como alcalde en otro municipio (Guadarrama) y todos -como insistía él mismo- consecuencia de decisiones de tipo administrativo tomadas en el ejercicio de su cargo y sin prueba alguna de enriquecimiento personal.

Hasta el día en que había que proclamar candidatos estuvo a expensas de lo que decidiera el partido. No quería perjudicar a la formación y sabía que su historial era munición para la oposición, en particular para la nueva y pujante formación de Ciudadanos, que iba ganado adeptos en el caladero de votantes descontentos del PP con su promesa de limpiar los consistorios de corrupción. A pesar de todo, en el PP regional se apostó por él y ganó las elecciones, aunque no por mayoría absoluta como históricamente había sucedido en este municipio del noroeste madrileño. Los Populares consiguieron 11 concejales, frente a los 6 de Ciudadanos. Los 3 concejales de Contigo por Las Rozas, otros 3 de PSOE y 2 de UPyD completaban la alineación. Los números no salían. Si todos los partidos de la oposición se aliaban, podían impedir al PP hacerse con la alcaldía. Así que, ante la presión de la formación naranja, que puso como condición la salida del alcalde en funciones para apoyar un pacto de investidura con el partido más votado, Fernández Rubio dimitió y pasó el testigo al número 2 de la lista. 

En junio hará dos años de aquel hecho y en este tiempo, el alcalde ‘ofrecido en sacrificio’ va viendo por fin, tras más de una década de dilatada espera, que la justicia le da la razón: ha salido absuelto en uno de los tres procesos, mientras que otra de las causas que tenía abiertas ha sido archivada. Si no me equivoco, ya solo está pendiente de resolución por parte de otro juzgado una denuncia de un particular relacionada con el mismo caso al que se le ha dado carpetazo. Resumiendo: le obligaron a abandonar preventivamente y, cuando se va demostrando su inocencia, su tren de la política ya ha pasado. 

Mientras, del otro lado, Ciudadanos, el partido que le forzó a dimitir para alcanzar un pacto de investidura con el PP, experimenta un asombroso proceso de resquebrajamiento en Las Rozas. Las luchas internas han ido provocando un éxodo de concejales nunca visto. A día de hoy, han perdido tres de sus seis ediles que, no dispuestos a desprenderse de su acta, han pasado a convertirse en no adscritos para -dicen- cumplir con el mandato de las urnas y, ya de paso, seguir cobrando. Qué ironía. Las urnas fueron también las que dieron la victoria a un partido con un cabeza de lista imputado al que ellos obligaron -en ese caso sí- a renunciar a su acta. 

De modo que, por más que trato de analizarlo, despojada de colores y siglas políticas –creedme-, no termino de saber qué es lo más justo. Si defender por encima de todo la presunción de inocencia y mantener en su cargo a un servidor público imputado por lo que sea hasta que un juez dicte sentencia o pasarnos el sagrado principio por el forro y sacrificar la carrera de todo aquel político que sea investigado por un juez.

Hay una posibilidad alternativa, muy de ciencia-ficción: acelerar la instrucción de este tipo de procesos para resolver cuanto antes la condición del implicado y que, durante ese breve espacio de tiempo, el afectado pueda causar baja temporal de su cargo hasta que el juez dicte sentencia que, de ser positiva, le permitiría regresar al puesto que ocupaba, limpio de polvo y paja. 

Pero seguro que esto no le convence a nadie. Más vale prevenir que curar, ¿no? Todo sea por restablecer la buena imagen de la política española... y, ya de paso, pescar en río revuelto.

Cuando la ley se convierte en una trampa

Os voy a contar un caso que me lleva a pensar que el modelo de construcción por fases, que últimamente emplean con frecuencia las administraciones para edificar centros educativos, y el sistema de contratación que impera en el sector público pueden ser una trampa maquiavélica.

Desde hace tres cursos la Comunidad de Madrid construye en Las Rozas un nuevo instituto de Secundaria y Bachillerato, el IES José García Nieto. ‘¿Tres años?’ -os preguntaréis-. ‘Ni la obra del Escorial…’. Os explico: No es que vayan muy lentos, es que, como suele hacerse para que no salga tan costoso y -ya de paso- atribuirse como nuevos éxitos infraestructuras incompletas, la obra se ha proyectado en fases, de manera que la construcción va creciendo en función de las necesidades de escolarización, y las licitaciones públicas para adjudicar cada proyecto son anuales, con lo cual puede no ser la misma empresa quien se encargue de rematar los distintos módulos. 

El caso es que el primer año los plazos previstos no se cumplieron y los alumnos de 1º de ESO debieron comenzar el curso desplazados temporalmente a otro centro hasta que el proyecto concluyó. El siguiente curso también fallaron las previsiones, así que los alumnos que ya pasaban a 2º pudieron estrenar lo construido, pero los nuevos de 1º arrancaron el curso en otro centro. Para el presente curso se esperaba que, por eso de que a la tercera va la vencida y porque se habían iniciado los trámites con más tiempo, se pudieran empezar las clases felizmente y sin novedad, con alumnos de 1º, 2º, 3º de ESO, a los que se suman varios grupos más de 1º de Bachillerato, ocupando sus flamantes nuevas aulas. Lamentablemente no va a ser así porque la historia se repite, aunque esta vez agravada: la fase no está terminada , así que los mayores saldrán desplazados a otro centro y, para cobijar a parte del resto de los alumnos que no entran en lo ya construido, se han instalado en los aledaños unas aulas prefabricadas –eufemismo para denominar a los popularmente conocidos como barracones-.

Los anonadados padres nos preguntamos cómo es posible que se repita la misma historia tantas veces. Somos conscientes de que la burocracia es lenta, que los plazos legales hay que cumplirlos, que no todas las empresas atraviesan momentos boyantes y que los días de lluvia no se pueden controlar, pero ¿de verdad no hay manera de hacer las cosas bien? Si no fuera porque es lo suficientemente serio, podríamos bromear y denominar a las reuniones que cada año por estas fechas organiza el AMPA para tratar el tema como Encuentros en la primera, segunda o tercera fase. 

Centrándonos en el momento actual, quienes vivimos cerca y hemos ido viendo a diario la evolución de la obra, ya sospechábamos que no daría tiempo a concluirla. Con cuatro obreros trabajando esporádicamente, ni aunque fueran descendientes de Superman. Ayer mismo las autoridades académicas nos confirmaron que el retraso esta vez ha tenido que ver con los problemas financieros de la empresa adjudicataria de la construcción (EOC de Obras y Servicios S.A.), que no ha sido capaz de hacer frente en tiempo y forma a sus compromisos y ha pedido un aplazamiento en la finalización y entrega de la obra hasta diciembre. La explicación a mí me dejó ojiplática pero que no pilló por sorpresa a algunos de los presentes, conocedores de ciertos antecedentes y devenires de la actividad económica de la constructora. Y en un detalle de generosidad, que yo agradezco particularmente, los responsables de la Comunidad de Madrid nos hicieron un resumen pedagógico -a la par que delirante- de cómo funciona el sistema de adjudicación de obras. Paso a trasladároslo según yo lo procesé y avisando que ni soy ni quiero ser experta en este campo; con llegar a entender lo que me cuentan los que saben, me doy por satisfecha:

-La Ley de Contratos del Sector Público obliga a adjudicar la obra a la empresa que ofrece condiciones más ventajosas para la Administración, aunque se tenga constancia de que la citada empresa se ha visto inmersa en algún conflicto previo que te haga sospechar que quizá no sea capaz de cumplir el contrato. Mientras acredite tanto su solvencia económica y financiera como la solvencia técnica o profesional exigible para ser contratada, habría que adjudicarle el trabajo. Desconfiar sería prevaricación.

-La ley no permite rescindir el contrato automáticamente cuando se ve que la empresa no cumple y darle el trabajo a la empresa que quedó en segundo lugar. Sería prevaricación.

-De decidir romper el contrato, habría que iniciar una nueva licitación con todo el latoso proceso que eso conlleva. No se puede traspasar la conclusión de la obra a una empresa solvente que se nos ocurra porque eso sería una irregularidad y nuevamente prevaricaríamos.

En resumen, para no prevaricar y que el proceso de contratación sea limpio, cristalino y ventajoso para la Administración, tenemos a cientos de familias pendientes de si sus hijos tendrán o no que estudiar en barracones, aulas o a varios kilómetros del centro educativo escogido, recibir clases con los ruidos de una obra al otro lado de la puerta de clase, esperar pacientes a ver si llega o no el profesor, que seguro estará ‘encantado’ de tener que saltar del barracón al aula o al instituto de los desplazados para impartir sus clases…

No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Qué tal si tratamos de hacer bien las cosas. Transparencia, sí. Limpieza en el proceso, por supuesto, faltaría más. Pero que garantizar todo eso no suponga dilatar los trámites y sí asegurarse de que los ganadores de los concursos van a responder a sus obligaciones. A veces nos hacen añorar las concesiones a dedo, aunque se corriera el riesgo de caer en el amaño de contratos a cambio de comisiones y en el tráfico de influencias, la malversación, la prevaricación, la falsedad, el fraude en la contratación y todos los delitos que figuran en el código penal y que ya nos resultan muy familiares gracias a escucharlos de un tiempo a esta parte cada día en el telediario. Saldría más caro sobre el papel, pero este tipo de cagadas tampoco salen baratas. Además, como dice el sabio refranero popular, hecha la ley, hecha la trampa.

La última hora de esta historia tan surrealista la resume el tuit que ha publicado hoy la presidenta del AMPA del instituto:

No están trabajando, nos parece una tomadura de pelo, exigimos soluciones @AMPAIESJGN @R_vanGrieken @ccifuentes pic.twitter.com/4PsE7QHNuz

— Marta Ferrero (@FerrerorMarta) 13 de septiembre de 2016

El árbol que quería crecer y ser útil

“No me arranques. Aunque soy pequeño, me gustaría llegar a crecer bastante. Quiero ser útil”. Es lo que se puede leer, con cierta dificultad de descifrado, en el cartel que alguien ha colocado en la alambrada que rodea este pequeño pino. Lo vi ayer cuando paseaba por un parque de Las Rozas y me tocó la fibra. Me imaginé a la autora del cartel -no sé por qué pensé que debía ser obra de una mujer-, escribiendo el mensaje, metiéndose en la piel, o más bien en el tronco, de ese pequeño árbol, eligiendo las palabras más adecuadas, para que todo el mundo las entienda. Y luego buscando la bolsa más apropiada para resguardar el papel de las inclemencias -la verde de Ikea- y las bridas, también verdes, con las que fijar todo a la alambrada.

Hay una figura literaria denominada personificación o prosopopeya que consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados o irracionales que no están dotados con ellas. No sé si esta declaración del pequeño pino que quiere vivir serviría como ejemplo. Lo que sospecho es que ha funcionado como golpe de efecto para resistir en pie y no sucumbir a los bárbaros. Ignoro por cuánto tiempo. Volveré para comprobarlo. Pero si el ser humano necesita mensajes como estos es que ha perdido muchas de sus más valiosas cualidades. Y a ese tipo de prosopopeya se la conoce como animalización.