Cuando la ley se convierte en una trampa

Os voy a contar un caso que me lleva a pensar que el modelo de construcción por fases, que últimamente emplean con frecuencia las administraciones para edificar centros educativos, y el sistema de contratación que impera en el sector público pueden ser una trampa maquiavélica.

Desde hace tres cursos la Comunidad de Madrid construye en Las Rozas un nuevo instituto de Secundaria y Bachillerato, el IES José García Nieto. ‘¿Tres años?’ -os preguntaréis-. ‘Ni la obra del Escorial…’. Os explico: No es que vayan muy lentos, es que, como suele hacerse para que no salga tan costoso y -ya de paso- atribuirse como nuevos éxitos infraestructuras incompletas, la obra se ha proyectado en fases, de manera que la construcción va creciendo en función de las necesidades de escolarización, y las licitaciones públicas para adjudicar cada proyecto son anuales, con lo cual puede no ser la misma empresa quien se encargue de rematar los distintos módulos. 

El caso es que el primer año los plazos previstos no se cumplieron y los alumnos de 1º de ESO debieron comenzar el curso desplazados temporalmente a otro centro hasta que el proyecto concluyó. El siguiente curso también fallaron las previsiones, así que los alumnos que ya pasaban a 2º pudieron estrenar lo construido, pero los nuevos de 1º arrancaron el curso en otro centro. Para el presente curso se esperaba que, por eso de que a la tercera va la vencida y porque se habían iniciado los trámites con más tiempo, se pudieran empezar las clases felizmente y sin novedad, con alumnos de 1º, 2º, 3º de ESO, a los que se suman varios grupos más de 1º de Bachillerato, ocupando sus flamantes nuevas aulas. Lamentablemente no va a ser así porque la historia se repite, aunque esta vez agravada: la fase no está terminada , así que los mayores saldrán desplazados a otro centro y, para cobijar a parte del resto de los alumnos que no entran en lo ya construido, se han instalado en los aledaños unas aulas prefabricadas –eufemismo para denominar a los popularmente conocidos como barracones-.

Los anonadados padres nos preguntamos cómo es posible que se repita la misma historia tantas veces. Somos conscientes de que la burocracia es lenta, que los plazos legales hay que cumplirlos, que no todas las empresas atraviesan momentos boyantes y que los días de lluvia no se pueden controlar, pero ¿de verdad no hay manera de hacer las cosas bien? Si no fuera porque es lo suficientemente serio, podríamos bromear y denominar a las reuniones que cada año por estas fechas organiza el AMPA para tratar el tema como Encuentros en la primera, segunda o tercera fase. 

Centrándonos en el momento actual, quienes vivimos cerca y hemos ido viendo a diario la evolución de la obra, ya sospechábamos que no daría tiempo a concluirla. Con cuatro obreros trabajando esporádicamente, ni aunque fueran descendientes de Superman. Ayer mismo las autoridades académicas nos confirmaron que el retraso esta vez ha tenido que ver con los problemas financieros de la empresa adjudicataria de la construcción (EOC de Obras y Servicios S.A.), que no ha sido capaz de hacer frente en tiempo y forma a sus compromisos y ha pedido un aplazamiento en la finalización y entrega de la obra hasta diciembre. La explicación a mí me dejó ojiplática pero que no pilló por sorpresa a algunos de los presentes, conocedores de ciertos antecedentes y devenires de la actividad económica de la constructora. Y en un detalle de generosidad, que yo agradezco particularmente, los responsables de la Comunidad de Madrid nos hicieron un resumen pedagógico -a la par que delirante- de cómo funciona el sistema de adjudicación de obras. Paso a trasladároslo según yo lo procesé y avisando que ni soy ni quiero ser experta en este campo; con llegar a entender lo que me cuentan los que saben, me doy por satisfecha:

-La Ley de Contratos del Sector Público obliga a adjudicar la obra a la empresa que ofrece condiciones más ventajosas para la Administración, aunque se tenga constancia de que la citada empresa se ha visto inmersa en algún conflicto previo que te haga sospechar que quizá no sea capaz de cumplir el contrato. Mientras acredite tanto su solvencia económica y financiera como la solvencia técnica o profesional exigible para ser contratada, habría que adjudicarle el trabajo. Desconfiar sería prevaricación.

-La ley no permite rescindir el contrato automáticamente cuando se ve que la empresa no cumple y darle el trabajo a la empresa que quedó en segundo lugar. Sería prevaricación.

-De decidir romper el contrato, habría que iniciar una nueva licitación con todo el latoso proceso que eso conlleva. No se puede traspasar la conclusión de la obra a una empresa solvente que se nos ocurra porque eso sería una irregularidad y nuevamente prevaricaríamos.

En resumen, para no prevaricar y que el proceso de contratación sea limpio, cristalino y ventajoso para la Administración, tenemos a cientos de familias pendientes de si sus hijos tendrán o no que estudiar en barracones, aulas o a varios kilómetros del centro educativo escogido, recibir clases con los ruidos de una obra al otro lado de la puerta de clase, esperar pacientes a ver si llega o no el profesor, que seguro estará ‘encantado’ de tener que saltar del barracón al aula o al instituto de los desplazados para impartir sus clases…

No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Qué tal si tratamos de hacer bien las cosas. Transparencia, sí. Limpieza en el proceso, por supuesto, faltaría más. Pero que garantizar todo eso no suponga dilatar los trámites y sí asegurarse de que los ganadores de los concursos van a responder a sus obligaciones. A veces nos hacen añorar las concesiones a dedo, aunque se corriera el riesgo de caer en el amaño de contratos a cambio de comisiones y en el tráfico de influencias, la malversación, la prevaricación, la falsedad, el fraude en la contratación y todos los delitos que figuran en el código penal y que ya nos resultan muy familiares gracias a escucharlos de un tiempo a esta parte cada día en el telediario. Saldría más caro sobre el papel, pero este tipo de cagadas tampoco salen baratas. Además, como dice el sabio refranero popular, hecha la ley, hecha la trampa.

La última hora de esta historia tan surrealista la resume el tuit que ha publicado hoy la presidenta del AMPA del instituto:

No están trabajando, nos parece una tomadura de pelo, exigimos soluciones @AMPAIESJGN @R_vanGrieken @ccifuentes pic.twitter.com/4PsE7QHNuz

— Marta Ferrero (@FerrerorMarta) 13 de septiembre de 2016