Dimisiones preventivas

Finalmente el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se ha visto forzado a dimitir para evitar que su partido corriera el riesgo de perder uno de los bastiones populares. Se resistía no solo él, sino todo el aparato de Génova, convencido de su inocencia y de la injusticia de una media tan arbitraria. Como ya sabe todo el mundo, han sido sus variadas imputaciones las que le han forzado a abandonar el cargo. Aún no hay pronunciamiento de ningún juez sobre su inocencia o culpabilidad, pero es cierto que el propio ya ex presidente manifestó en su día su disposición a dejar el sillón si era investigado en un proceso judicial y, aunque le ha costado, ha cumplido. Renuncia como presidente de la región de Murcia pero se mantiene como diputado, un salvoconducto que le permitirá seguir aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y, en caso de salir airoso de sus imputaciones, regresar algún día al punto donde lo dejó.

Es más de lo que pueden decir otros. Yo viví de cerca un caso similar, aunque sin posibilidad de rebobinado. Las Rozas, 2015. Elecciones municipales. El candidato del Partido Popular a la alcaldía, José Ignacio Fernández Rubio, tenía tres procesos judiciales abiertos, todos de una etapa anterior como alcalde en otro municipio (Guadarrama) y todos -como insistía él mismo- consecuencia de decisiones de tipo administrativo tomadas en el ejercicio de su cargo y sin prueba alguna de enriquecimiento personal.

Hasta el día en que había que proclamar candidatos estuvo a expensas de lo que decidiera el partido. No quería perjudicar a la formación y sabía que su historial era munición para la oposición, en particular para la nueva y pujante formación de Ciudadanos, que iba ganado adeptos en el caladero de votantes descontentos del PP con su promesa de limpiar los consistorios de corrupción. A pesar de todo, en el PP regional se apostó por él y ganó las elecciones, aunque no por mayoría absoluta como históricamente había sucedido en este municipio del noroeste madrileño. Los Populares consiguieron 11 concejales, frente a los 6 de Ciudadanos. Los 3 concejales de Contigo por Las Rozas, otros 3 de PSOE y 2 de UPyD completaban la alineación. Los números no salían. Si todos los partidos de la oposición se aliaban, podían impedir al PP hacerse con la alcaldía. Así que, ante la presión de la formación naranja, que puso como condición la salida del alcalde en funciones para apoyar un pacto de investidura con el partido más votado, Fernández Rubio dimitió y pasó el testigo al número 2 de la lista. 

En junio hará dos años de aquel hecho y en este tiempo, el alcalde ‘ofrecido en sacrificio’ va viendo por fin, tras más de una década de dilatada espera, que la justicia le da la razón: ha salido absuelto en uno de los tres procesos, mientras que otra de las causas que tenía abiertas ha sido archivada. Si no me equivoco, ya solo está pendiente de resolución por parte de otro juzgado una denuncia de un particular relacionada con el mismo caso al que se le ha dado carpetazo. Resumiendo: le obligaron a abandonar preventivamente y, cuando se va demostrando su inocencia, su tren de la política ya ha pasado. 

Mientras, del otro lado, Ciudadanos, el partido que le forzó a dimitir para alcanzar un pacto de investidura con el PP, experimenta un asombroso proceso de resquebrajamiento en Las Rozas. Las luchas internas han ido provocando un éxodo de concejales nunca visto. A día de hoy, han perdido tres de sus seis ediles que, no dispuestos a desprenderse de su acta, han pasado a convertirse en no adscritos para -dicen- cumplir con el mandato de las urnas y, ya de paso, seguir cobrando. Qué ironía. Las urnas fueron también las que dieron la victoria a un partido con un cabeza de lista imputado al que ellos obligaron -en ese caso sí- a renunciar a su acta. 

De modo que, por más que trato de analizarlo, despojada de colores y siglas políticas –creedme-, no termino de saber qué es lo más justo. Si defender por encima de todo la presunción de inocencia y mantener en su cargo a un servidor público imputado por lo que sea hasta que un juez dicte sentencia o pasarnos el sagrado principio por el forro y sacrificar la carrera de todo aquel político que sea investigado por un juez.

Hay una posibilidad alternativa, muy de ciencia-ficción: acelerar la instrucción de este tipo de procesos para resolver cuanto antes la condición del implicado y que, durante ese breve espacio de tiempo, el afectado pueda causar baja temporal de su cargo hasta que el juez dicte sentencia que, de ser positiva, le permitiría regresar al puesto que ocupaba, limpio de polvo y paja. 

Pero seguro que esto no le convence a nadie. Más vale prevenir que curar, ¿no? Todo sea por restablecer la buena imagen de la política española... y, ya de paso, pescar en río revuelto.